Lo que prometía ser un retorno triunfal al Estadio Nacional se ha transformado en una pesadilla logística y deportiva para Universidad de Chile. Tras los graves incidentes protagonizados por la barra en el debut de la Liga de Primera 2026, las autoridades han puesto en duda la continuidad del acuerdo que permitía a los azules jugar sus 15 partidos de local en el recinto de Ñuñoa.
El Gobierno pierde la paciencia
Según informes que circulan con fuerza en La Cisterna, el Ministerio del Deporte estaría evaluando seriamente cancelar el contrato de localía con Azul Azul. La intención del secretario de Estado sería resguardar la infraestructura del coloso de Ñuñoa, recientemente remodelado, tras el incendio de butacas y los destrozos en la Galería Sur.
Este sería un golpe devastador para la planificación del club, que tras años de peregrinar por recintos de regiones, había logrado asegurar su casa definitiva para este 2026.
Sanciones del Tribunal de Disciplina
En paralelo al riesgo de perder el estadio, el Tribunal de Disciplina de la ANFP ya analiza el informe arbitral. El club arriesga sanciones que van desde la clausura de los sectores más conflictivos (Galería Sur) hasta la obligación de jugar varios compromisos a puertas cerradas, afectando directamente los ingresos por recaudación y el apoyo de los hinchas abonados.
Azul Azul intenta apagar el incendio
Pese a que la dirigencia actuó rápido identificando a los responsables y reparando los daños en tiempo récord, la presión política y social parece no dar tregua. La amenaza de los barristas de “boicotear el torneo” ha puesto a la U en una posición de vulnerabilidad total ante los organismos de seguridad y el IND.