uz verde al proyecto que separa la Federación de la ANFP y prohíbe dueños de múltiples clubes.

En una jornada histórica para la transparencia deportiva, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad las indicaciones clave del proyecto que reforma la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP). La medida busca erradicar dos de los problemas más criticados por la hinchada: la multipropiedad de clubes y el control de los representantes de jugadores en la administración de las instituciones.+1

1. Prohibición absoluta de la multipropiedad La nueva normativa establece que ninguna persona natural o jurídica podrá tener participación, directa o indirecta, en la propiedad de más de un club profesional. Casos emblemáticos que han estado bajo la lupa, como las relaciones entre San Luis y Limache, o las redes de influencia en equipos del norte y sur, tendrán un plazo perentorio para disolver estos vínculos y transparentar a sus beneficiarios finales.

2. El fin de la ANFP “Corporación” Uno de los puntos más disruptivos es la transformación de la orgánica del fútbol chileno. Actualmente, la ANFP es una corporación de derecho privado que agrupa a sociedades anónimas, lo que limita su fiscalización. La nueva ley obliga a la separación definitiva entre la Federación de Fútbol de Chile y la Liga Profesional. Esta última pasará a ser una entidad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Instituto Nacional del Deporte (IND), terminando con la “tierra de nadie” administrativa.

3. Incompatibilidad para representantes El proyecto le pone “candado” a la influencia de los agentes de jugadores. Se prohíbe expresamente que representantes de futbolistas participen en la propiedad o administración de los clubes. Con esto se busca evitar los conflictos de interés donde un mismo actor negocia contratos, representa al jugador y, al mismo tiempo, es el dueño del club que paga el sueldo.+1

Sanciones y plazos El incumplimiento de estas normas no será gratuito. El Senado ha aprobado un régimen sancionatorio que incluye multas que pueden superar los 55 millones de pesos e incluso la inhabilitación de dirigentes. Los clubes y la actual dirigencia de Quilín tendrán plazos establecidos (que se terminarán de votar en enero de 2026) para adecuar sus estatutos a este nuevo estándar de integridad